La presentación fue realizada en representación del intendente Miguel Lunghi por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el secretario Legal y Técnico, Juan Maciá y el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

La delegación tandilense fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

En el escrito se solicitó, además de la exclusión del predio del Registro Nacional de Barrios Populares, la realización de un relevamiento migratorio, a la luz de los diversos procedimientos policiales y penales en el que intervienen personas de nacionalidad extranjera y en el marco de las recientes modificaciones introducidas en la legislación migratoria nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales escucharon los planteos formulados por la representación municipal y manifestaron su predisposición para analizar la situación expuesta y coordinar acciones con las distintas áreas del Estado nacional con competencia en la materia.

Desde el Municipio valoraron especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad de exponer de manera directa los antecedentes, alcances y consecuencias que la situación genera para la ciudad.

El documento presentado En el escrito firmado por Lunghi el gobierno comunal remarca además que la desafectación del predio constituye una medida necesaria para resguardar el derecho de propiedad, fortalecer las políticas de seguridad y brindar una respuesta institucional a una problemática que, según sostiene, “ha trascendido el ámbito del asentamiento para impactar sobre toda la comunidad tandilense”.

Además, durante el encuentro los funcionarios plantearon la necesidad de que se gestione, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, operativos en el barrio, en cumplimiento de las modificaciones incorporadas recientemente a la Ley de Migraciones y a la luz de los antecedentes relevados por las fuerzas de seguridad y la Justicia. A la vez que solicitaron que se conceda una audiencia con las autoridades nacionales para exponer y ampliar los fundamentos del planteo realizado por el gobierno local.

En la nota, el Municipio sostiene que la consolidación del asentamiento se produjo luego de una decisión nacional que incorporó al RENABAP un predio cuya ocupación comenzó en 2023, situación que considera incompatible con los alcances de la normativa vigente.

Asimismo, se expone que la permanencia de esa incorporación condiciona las acciones destinadas al mantenimiento del orden público y demanda una importante utilización de recursos humanos y materiales por parte del Estado municipal y de las fuerzas de seguridad. Antecedentes y gestiones realizadas por el Municipio Desde el inicio de la ocupación del predio, registrada en febrero de 2023 tras la denuncia presentada por su propietario, el Municipio participó de las distintas instancias institucionales y judiciales vinculadas al conflicto, sosteniendo de manera permanente su postura de rechazo a la consolidación de la toma sobre tierras privadas.

En el marco del protocolo dispuesto por la Justicia, representantes municipales participaron de las mesas de trabajo junto a organismos provinciales y nacionales y manifestaron que cualquier política de acceso al suelo con fines sociales debía desarrollarse mediante mecanismos transparentes y abiertos a toda la comunidad, y no a partir de la ocupación irregular de inmuebles particulares.

Tras la incorporación del predio al RENABAP en diciembre de 2023, el Departamento Ejecutivo continuó realizando gestiones para obtener su desafectación. En noviembre de 2024 solicitó formalmente una audiencia con la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación y requirió la realización de los actos administrativos necesarios para revertir una incorporación que, según expuso, se produjo durante un proceso judicial de desalojo y sin consulta al gobierno local.

A lo largo de ese proceso, el gobierno local también impulsó distintas gestiones institucionales para acercar la problemática a las autoridades nacionales a través de diferentes canales y representantes del Gobierno Nacional. Sin embargo, esos intentos no permitieron generar una instancia de trabajo directo sobre el tema.

Paralelamente, el Honorable Concejo Deliberante acompañó ese planteo mediante distintas resoluciones solicitando la revisión de la medida y la exclusión del macizo del Registro Nacional de Barrios Populares.

Sin embargo, las respuestas recibidas desde el ámbito nacional hasta el momento se limitaron a informar que el inmueble continuaba comprendido dentro del barrio popular "Movediza I", sin avanzar en el pedido de desafectación.

En la presentación elevada este jueves, el Municipio reafirma que la inclusión del predio en el RENABAP careció de sustento jurídico por tratarse de una ocupación iniciada con posterioridad al período temporal previsto por la normativa nacional para la incorporación de barrios populares.

Por ese motivo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la reunión mantenida este jueves, que permitió exponer personalmente la situación ante funcionarios con responsabilidad directa en las áreas involucradas y abrir un canal de diálogo institucional para su análisis.