A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Desde la recuperación de la democracia en la Argentina, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, se han construido como parte de un proceso arduo y colectivo, generando un significativo acumulado social e institucional, que hoy constituye un rasgo identitario de nuestra sociedad, reconocido a nivel internacional.

En este recorrido, la lucha colectiva y sostenida de las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, los organismos de derechos humanos y los y las sobrevivientes se ha consolidado como un pilar ético y político indispensable para el fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, se identifican dinámicas regresivas que remiten a la lógica instaurada en 1976: la deuda externa como instrumento de condicionamiento de las decisiones estatales, junto con procesos de transferencia de recursos desde los sectores sociales hacia el ámbito financiero.

A esto se añade un sostenido deterioro de lo público y una restricción de las libertades democráticas, manifestada en la creciente judicialización de la política y en mecanismos de exclusión dirigidos hacia dirigentes que promovieron proyectos orientados al fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina.

En este contexto, resulta necesario asumir una posición crítica frente a la reaparición de discursos negacionistas que relativizan el terrorismo de estado, así como frente a los embates destructivos de la institucionalidad construida en materia de políticas públicas en esta materia. La universidad pública tiene, en este sentido, una responsabilidad indelegable de sostener una postura clara y fundamentada, basada en la producción de conocimiento y en la evidencia histórica.

Frente a este escenario, como comunidad universitaria reafirmamos que los principios democráticos y los derechos humanos constituyen un eje rector de la acción institucional y los cimientos de una educación pública de calidad, indispensable para fortalecer el consenso social democrático y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y soberana. En este marco, las universidades no solo forman profesionales, sino que también son ámbitos de producción de conocimientos, debate de ideas y construcción de valores que sostienen la vida democrática.

Su función es, por definición, inseparable del compromiso con la memoria, entendida no como una mera evocación del pasado, sino como una herramienta activa para la construcción del presente y la proyección del futuro.

En el centro de la provincia de Buenos Aires, este compromiso se ha materializado también en la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, en la señalización de los centros clandestinos de detención y en tantas otras iniciativas que priorizaron el trabajo articulado con la comunidad de cada una de sus sedes y que permitieron avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

Estos procesos no solo aportan a la reparación, sino que consolidan una democracia basada en la justicia y en la no repetición. Convocamos a la comunidad en su conjunto, y a la universitaria en particular, a sostener estos principios, a participar activamente de los espacios de construcción colectiva y a reafirmar, en el presente, un horizonte común basado en la verdad, la justicia y la ampliación de derechos.

Invitamos a la comunidad a marchar este 24 de marzo en cada rincón del país.

A 50 años del Golpe: ¡Democracia y educación pública siempre! Memoria, Verdad y Justicia para seguir fortaleciendo el NUNCA MAS.